En cuanto que era necesario legislar sobre todo lo referente a la protección de los empleadores si alguno de sus empleados sufría un accidente de trabajo, había que pensar sobre leyes relativas a la prevención de riesgos laborales, es así que en el año 1995 se sancionó la ley 24557 de riesgos del trabajo que establece que todos los empleados en relación de dependencia tienen que estar afiliados a una aseguradora tanto para los que pertenezcan al sector público como al privado. A partir de esta ley se creó la Superintendencia de Riesgos del trabajo que depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación y que tiene como función controlar el buen funcionamiento de las ART, compañías privadas que son contratadas por los empleadores para que se los asesore en todas las acciones a tomar relativas a la reparación de los daños provocados por los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, y según dictan las leyes.

Las aseguradoras de riesgos de trabajo está obligadas a trabajar en medidas dirigidas a hacer de los ámbitos de trabajo lugares en los que prevalezcan la seguridad y la higiene por lo que deben hacer controles de rutina para evaluar los riesgos en empresas, vigilar que tanto los empleadores como los trabajadores pongan en práctica todas las indicaciones tendientes a minimizar los siniestros dentro del espacio laboral y en caso de incumplimiento hacer las denuncias correspondientes ante la SRT, exigir exámenes médicos periódicos a los empleados que estén en contacto con productos o elementos peligrosos. Las leyes relativas a la prevención de riesgos laborales establecen que las aseguradoras, y con el objetivo de reducir los accidentes en el lugar de trabajo o en itinere, es decir en el trayecto hacia su domicilio y viceversa, deben capacitar a los empresarios y a sus empleados en el uso correcto de la protección personal y de cómo actuar en caso de que un trabajador tuviese un accidente, y si le quedara una secuela que le impidiera volver a trabajar, las ART están obligadas a abonarle al damnificado una indemnización cuyo monto dependerá del grado de incapacidad.

Así como en caso de fallecimiento del mismo los derechohabientes deberán cobrar, según consta en las leyes relativas a la prevención de riesgos laborales, un resarcimiento a los quince días de ocurrido el hecho. Las prestaciones médicas que le corresponden brindar a las ART deben ser gratuitas y por todo el tiempo que dure el tratamiento cubriendo los medicamentos, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados hacia y desde los centros médicos, además de promover la recalificación profesional y la recolocación en el caso en que el trabajador damnificado no pudiese volver a ocupar el lugar que tenía en la empresa. Considerando que el trabajo es el principal capital de toda empresa estas leyes relativas a la prevención de riesgos laborales son soluciones que llegaron para preservar la salud y mejorar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.